El diputado porteño, Aníbal Ibarra, se refirió al informe que brindó la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad referente al aumento de la mortalidad infantil.“El aumento de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires después de años de crecimiento económico sostenido, no sólo es injustificable sino que también es vergonzoso”, señaló el ex jefe de Gobierno.Asimismo Ibarra afirmó que “los datos estadísticos proporcionados por organismos oficiales del propio Gobierno, muestran un aumento general de la mortalidad infantil en la Ciudad que sólo encuentra explicación en el abandono de políticas sociales y sanitarias por parte del Gobierno del PRO”.“La Ciudad venía bajando los índices de mortalidad infantil desde hace varios años con excepción del impacto social que generó la crisis 2001-2002”, dijo el legislador porteño y añadió que “luego de mucho tiempo de descenso sostenido, y en el marco de un importante crecimiento económico, la Ciudad exhibe números cada vez más dramáticos con relación a esta problemática”.Por otra parte, el legislador porteño advirtió que “secundarizar las políticas sociales, dejar la salud pública en manos privadas, y asignar los recursos a objetivos mediáticos y de coyuntura tiene su costo y ahora está a la vista“. “Con este informe queda claro una vez más que las políticas sociales y de salud pública no son prioridad para este Gobierno”, finalizó.
"El aumento de la mortalidad infantil deja en evidencia el abandono de políticas sociales y sanitarias de este gobierno"
Mas Irregularidades en el Gobierno Porteño
JORGE LEMUS MINISTRO DE SALUD - COBRA 16 MIL PESOS COMO ASESOR DE UNA MUTUAL
"Con un sueldo no puede vivir"
El ministro de Salud porteño tiene ese ingreso adicional por asesorar a la Asociación Mutual de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Analizan si el funcionario macrista, que tiene dos pedidos de juicio político, no incurre en una incompatibilidad.
El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, cobra 16 mil pesos mensuales como asesor de una obra social, una actividad privada paralela al cargo que desempeña. Esto representaría “al menos una falta ética”, según sostuvo el legislador de Proyecto Sur Jorge Selser. Un grupo de abogados vinculados con ese espacio político está estudiando también si el funcionario macrista infringe la Ley Nacional de Etica Pública y la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el funcionario tiene otros cargos rentados en tres facultades de Medicina de distintas universidades, denunció Selser. “Todo esto habla de que ha habido una gestión insuficiente, porque no se puede estar en cinco lugares a la vez”, le dijo a Página/12 el legislador, que esta tarde hará una presentación en la Legislatura sobre las deficiencias de la salud pública, 48 horas después de que se conociera que la mortalidad infantil en la Ciudad creció por primera vez en cinco años.
“Además de ser ministro de Salud y cobrar 25 mil pesos por mes, que es lo que establece el decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri, Lemus es jefe de Asesores Médicos de la Asociación Mutual de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Amebpba), y a su vez es profesor titular de la cátedra de Epidemiología de la Universidad del Salvador, profesor titular en la Maestría de Servicios de Salud y consejero de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y titular de la cátedra de Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros consideramos que toda la suma de estos trabajos es una razón que justifica la mala gestión, con las consecuencias graves que estamos viendo”, agregó Selser, que dice desconocer “si desde el punto de vista legal existen incompatibilidades”, pero, aseguró, “sí existe una falta ética”.
Uno de los abogados del espacio de Selser le confió a este diario que están investigando si la conducta de Lemus “viola la Ley de Etica Pública y la Ley de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires”, ya que “claramente hay un conflicto de intereses”. El artículo 13 de la primera norma enumera las cosas que son “incompatibles con el ejercicio de la función pública”, e incluye “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestiona o tenga una concesión, o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste”. La Ley de Ministerios porteña, a su vez, en su cuarto capítulo, dedicado al Ministerio de Salud, establece entre sus competencias “regular y controlar el ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el recibo de sueldo que le extendieron al ministro figura el domicilio legal de Amebpba: Bolívar 368, Capital Federal.
Lemus ya se ha visto envuelto en otros escándalos este año y tiene pendientes dos pedidos de juicio político con una particularidad: quienes impulsaron los procesos son jueces. El primero fue Roberto Gallardo, que además dispuso el bloqueo de todas sus cuentas bancarias y envió la causa al fuero penal para que se le inicie un proceso por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo surgió porque el ministro incumplió reiteradas veces un fallo que le ordenaba disponer de una ambulancia para prestar asistencia médica en la villa 21-24. La Cámara de Apelaciones levantó el bloqueo de sus cuentas, pero le impuso una multa de 500 pesos diarios hasta que se resuelva la situación: por ahora –según la Justicia– se registraron al menos tres muertes en la 21-24 que podrían haberse evitado.
El otro juicio político lo pidió la jueza Elena Liberatori, porque el ministro no cumplió con una intimación para terminar las obras en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García ni contrató a unos ochenta empleados necesarios para garantizar el servicio de salud. En este caso, la Cámara confirmó la sentencia y responsabilizó a Mauricio Macri, que fue citado a una audiencia a la que no concurrió. Las obras aún no comenzaron.
Por último, se le inició una investigación penal por la licitación del tratamiento de la ropa de cama de hospitales y que, según los denunciantes, estuvo dirigida y tiene sobreprecios. Uno de los beneficiados fue el lavadero El Lucero, que fue clausurado después por la Dirección de Protección al Trabajo, tras encontrar “graves incumplimientos a las normas de higiene y seguridad”. La clausura duró apenas una semana. Tal como informó en su momento Página/12, fuentes del gobierno porteño indicaron que, en realidad, “el lavadero nunca dejó de funcionar.”
Necesitamos la Participaciòn de Todos.
Estimados lectores y vecinos, si bien falta mucho camino por recorrer mantenemos nuestra convicción y convencimiento que en el año 2011 volveremos a tener un Gobierno Porteño para todos y de todos. Para ello nuestro compromiso es continuar construyendo un Frente Progresista. Con el objetivo de que nuestra ciudad recupere los valores de Solidaridad – Igualdad – Priorizando la Educaciòn y Saludo Publica.
Una ciudad en la cual todos tengamos las mismas posibilidades.
Mantenemos nuestro compromiso de controlar la actual administración de nuestra ciudad, denunciado las irregularidad y haciendo de la lucha Social, la Defensa del Sector Pùblico como nuestro estandarte.
En tal sentido consideramos de vital importancia que todos los vecinos podamos participar aportar nuestro pequeño granito y no permitir que continúen avasallando nuestros derechos.
Necesitamos tu participación.
A todo aquel vecino que sienta y quiera formar parte de este proyecto los esperamos en el Local del Frente Progresista y Popular – Comuna Nª 12 - ubicado en la Calle Mariano Acha 2604 de esta Ciudad.
Aprovechamos la oportunidad para informar que en dicho local se realizan reuniones de interes polìtico - social debates sobre la actualidad de la Ciudad Autònoma de Buenos Aires, y de nuestra Comuna en particular.
Se dictan distintos cursos, brindamos asesoria a nuestros vecinos en materia Juridica y Contable.
En tal sentido, todo aquel interesado puede acercarse de Lunes a Viernes de 17 a 20 hs.
Atte.
Pigliapoco, Damian.
Gobierno Porteño Un Incumplimiento Màs. Violaciòn a la Ley de Publicidad.
El Juez Gallardo hizo lugar a una medida cautelar presentada por nuestros legisladores porteños.
Un nuevo fallo judicial ordenò al gobierno porteño apagar a partir del 17 de junio del corriente año, el enorme cartel luminoso que una empresa de bebidas gaseosas habìa emplazado, con autorizaciòn del Ejecutivo, en la esquina de Carlos Pelegrini y Diagonal Norte.
El fallo fue dictado por el Juez en lo Contencioso Administrativo Dr. Roberto Gallardo, en respuesta a una medida cautelar solicitada por los Legisladores Eduardo Epzteyn y Anibal Ibarra. El Juez ordena la desconexiòn y apagado de los dospositivos publicitarios antes de las cero horas del 17 de junio de 2010.
Lo que llamo la atenciòn de los legisladores porteños es que el llamativo letrero habìa sido autorizado por la misma gestiòn que dos años atràs habìa hecho una dràstica limpieza de carteles ilegales no solo en la Avenida 9 de Julio sino tambièn en al Lugones, con el argumento de que la contaminaciòn visual podia provocar distracciones en los conductores de vehìculos.
La Ley de publicidad en la vìa pùblica establece que los carteles sobre fachadas en esa zona no pueden exceder la altura de un metro, mientras que el cuestionado letrero alcanza los 20,80 metros. Ademàs, el magistrado advierte que la norma prevè que los anuncios que afecten la seguridad en el transito deben ser retirados de inmediato sin notificaciòn alguna.
Ante la posibilidad de que este enorme letrero luminoso afecte la seguridad en el trànsito, el Ejecutivo debiò exigir: un estudio tècnico vial al respecto, un estudio de impacto ambiental.
Debido a la falta de estos controles y ante tal incumplimiento a la ley de pubicidad en la vìa pùblica el Juez ordenò el apagado y desconexiòn del dispositivo y le pidio al Gobierno Porteño que se abstenga de otorgar nuevos permisos para instalar publicidades luminosas animadas.
Ademàs legisladores opositores han presentado un pedido de informe para que el Gobierno Porteño explique porque se aprobò esa autorizaciòn.
